Dado que el “Pillo-Gordillo” y el “Jornalero
Cañamero”, han absorbido todo el protagonismo durante el presente mes
de agosto, apareciendo en varias cadenas de TV y con una completísima
miscelánea de astracanadas: atracos simbólicos a Mercadona y Carrefour,
sentadas frente a sucursales bancarias, Santander y Unicaja, prometido
asalto a El Corte Inglés de Jaén, unido a la práctica de un senderismo
reivindicativo por Andalucía, otro grupo de “Indignados”, cuyo origen e
identidad se desconocen por el momento, bajo el lema de Ocupa el
Congreso, se han propuesto rodear la Cámara Baja y acampar ante ella el
próximo 25 de septiembre. Al margen de que el Código Penal prohíba
rigurosamente estas concentraciones con los diputados reunidos en su
interior, sería lo peor que podría sucederle a nuestro país, cuando se
está tratando por todos los medios de recuperar la credibilidad perdida
aunque con escasísimo éxito.
Según
los organizadores de la convocatoria, dicen contar con 33.000 personas
a través de facebook, totalmente dispuestas a participar, dando por
seguro que dicha cifra crecerá a partir de mediados de septiembre. Ante
tal panorama, imaginamos que el Gobierno con todos los medios de que
dispone, dedicará especial atención y cuidado ante la amenaza de toma y
acampada ante el Congreso. Tal imagen nos situaría en una posición
tercermundista de auténtica república bananera. El actual ministro de
Interior deberá ser muy cuidadoso en el tratamiento de este complejo
asunto. Recientemente, su secretario de Estado para la Seguridad,
Ignacio Ulloa, le ocultó que uno de sus asesores era Gabriel Fuentes,
quien presuntamente está vinculado al caso “Interligare”.
Profesionalidad toda, pero confianzas y amiguismos…¡¡los mínimos!!
Las
redes sociales, como era de esperar, están colaborando activamente con
esta amenaza, invitando a la asistencia a los cientos de asambleas que
presuntamente se están celebrando en toda España. 30.000 personas
rodeando el Congreso el 25-S, sería un espectáculo que daría la vuelta
al mundo en unos instantes. En esta ocasión lo pretendido es que el
movimiento tenga un carácter anónimo, organizado por “personas
comunes” y aparentando naturalid bajo los nombres de “Ponte en Pié” y
“Marea Destituyente” con una finalidad totalmente popular.
En
el pasado mes de julio, el responsable de Interior afirmó disponer de
“suficiente información sobre convocatorias expresas para realizar
acampadas y manifestaciones", lo que no deja de ser unas tranquilizantes
declaraciones. La ciudadanía en general está muy quemada y cargada de
razón con todas las medidas de ajuste, recortes salariales, subida del
IVA, etc. Los jóvenes, cuya desesperación crece en progresión
geométrica, ante una llamada a la protesta bien organizada y contra la
desastrosa gestión de los políticos, se unirán a la concentración y las
vallas protectoras de las Cortes Generales podrían saltar por los
aires…Sería todo un asalto “simbólico” del Congreso como los practicados
por el SOC y el SAT de los botarates Gordillo y Cañamero, pero
multiplicado por unos cuantos miles de personas y otros cientos de
policías, tratando de evitar la toma del templo de nuestra soberanía,
cuyas imágenes darían la vuelta al mundo en instantes. Solo pensarlo
resulta escalofriante y para nuestra ruinosa situación económica, lo
peor que podría ocurrir.
El
manifiesto de los organizadores se apoya en que la actual crisis ya ha
superado todos los límites considerados como tolerables y la sociedad
difícilmente va a soportar nuevos ataques baja la disculpa de la citada
crisis y las presiones de la UE. Se está culpando de nuestros males por
parte de estos nuevos indignados, a una oligarquía notable y forrada
económicamente, porque lo que no admite discusión es “que el dinero no
ha desaparecido cuando todos saben que simplemente se ha desplazado al
bolsillo de unos cuantos privilegiados en complicidad con todas las
fuerzas políticas representadas en el Parlamento”, unido a la
incomprensible negativa del Gobierno a reducir el aparato estatal
(diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos) y eliminación de empresas
públicas en todos los ámbitos, consumidores de unos multimillonarios
recursos que serían infinitamente más productivos en manos de empresas
privadas que permitieran el incremento del consumo y la inversión si
queremos crear puestos de trabajo. Si en lugar de afrontar las citadas
iniciativas se opta por recortar las pensiones, al PP le quedaría los
dias contados.
Nadie
ignora que organizar movidas de esta envergadura precisa de unos medios
económicos considerables cuya cuantía habría que averiguar, de donde
provienen y quien y como se distribuyen ; datos altamente interesantes….
Atentamente.
José-Tomás Cruz Varela
D.N.I. 02470916A
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