Una vez más,
Rajoy “no pasa el corte”, expresión utilizada en golf para definir a aquellos
jugadores profesionales que quedan eliminados en el segundo día, de los cuatro
que dura el campeonato. En esta ocasión fue Ruiz-Gallardón, ministro de
Justicia, quien presuntamente, siguiendo instrucciones del pusilánime
presidente del Gobierno, se opuso en el Parlamento a debatir la inclusión en el
Código Penal, el delito de convocatoria ilegal de referéndum que desautorizó en
el 2005 el Gobierno de Zapatero, rechazando someter a debate las enmiendas
presentadas por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, para modificar dicho Código.
Nuevamente, el
Partido Popular, optó por dilatar las decisiones, de acuerdo con el consabido
proverbio de “quien aguanta, gana”. Gallardón decidió salirse por la tangente,
alegando que el pleno en esta ocasión solo tenía por objeto endurecer los tipos
penales contra el fraude fiscal y a la
Seguridad Social, cuando en realidad, lo que no soporta y le repatea a Rajoy,
es el devolver su vigencia a un decreto aprobado en el 2003 por iniciativa del
entonces presidente, José María Aznar, quien con su visión de estadista
pretendía garantizar la inquebrantable unidad de España.
Rosa Diez,
cargada de razón y posiblemente también de oportunismo político, defendió su
propuesta alegando que el fraude político igualmente debe ser perseguido con el
mismo interés que el económico. Sin duda, las leyes están para defender la
democracia de todos aquellos que pretendan vulnerarla en su propio beneficio,
con el único objetivo de continuar en el poder, tal como lo está intentando
Arturo Mas, precisamente de manera no muy ortodoxa.
El rechazo del
ministro de Justicia a discutir la mencionada propuesta manifestando que “no
estamos debatiendo eso sino algo totalmente diferente”, podría ser considerado
como una solemne patochada ya que las mencionadas enmiendas nuevamente serán
planteadas en la Comisión de Justicia el próximo 7 de noviembre, con lo cual si
Rajoy continua empecinado en su error y ordena votar en contra, con
independencia de que se le verá el plumero, perderíamos una excelente
oportunidad para blindarnos ante las sediciosas intenciones del presidente de
la Generalidad.
Por el momento,
Rajoy cuenta con el apoyo de la
vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, pero no todos comparten
su criterio, como por ejemplo, el comisario español Joaquín Almunia. Las
declaraciones son como las escopetas, las carga el diablo. Lo que hoy es
perfectamente “vetable”, pasado mañana aparecen otras opiniones y ya tenemos el
cisma organizado. Asegurar que lo
pretendido por Arturo Mas es totalmente ilegal de acuerdo con el Código Penal es una garantía que no admitiría
interpretaciones.
Nadie ignora que
este catatónico político, por mucho que lo intente, será incapaz de disfrazar
su desastrosa gestión y resultados a cargo de la presidencia de la Generalidad.
Ahora bien, que en pleno siglo XXI alguien intente embaucar a los ciudadanos
vendiendo utopías, resulta increible.
Atentamente.
José-Tomás Cruz Varela
D.N.I. 02470916A
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