Totalmente inoportuno y desafortunado el reciente encuentro celebrado entre el Jefe del Estado y el Presidente de la Generalidad, Arturo Mas, quien días atrás se permitió la licencia de informa sobre el próximo proceso electoral independentista de Cataluña, y para mayor descaro, coincidiendo con la fecha de la audiencia, el consejero de Presidencia, Francisco Homs, se permitía cuestionar la legalidad de las instituciones españolas, que entre otras razones representa el propio Rey de España, Felipe VI. Afirmando que “Cataluña nunca será libre con una ley española”, dado que su independencia provienen de la legitimación democrática de las urnas. Mayor despropósito, imposible.
Ante tal actitud y circunstancias, cabría preguntarse..¿que objeto puede tener un encuentro como el comentado? Según la escasa información filtrada, todo quedó en un mero acto parlamentario en el cual el Monarca, diplomáticamente, dejó patente con la seriedad de su gesto dentro de la obligada corrección la total ausencia de simpatía hacia su interlocutor. El presidente catalán, demostró una vez más su total carencia de naturalidad la absurda inclinación del tronco, nervioso y sin saber que hacer con las manos, dedicadas con empeño a intentar tirarse de los puños de la camisa que al parece no encontraba.
Retornando al eficaz y activo consejero Homs, nuevamente apeló al manido argumento de que la legalidad vigente en España no rige en Cataluña por tratarse de otro país, ignorando que el contenido de nuestra Constitución afecta a todos todos los españoles. En definitiva, la farsa representada por semejante botarate ha provocado que los ciudadanos se cuestionen que objeto o justificación podría adjudicársele a la comentada visita.
Los restantes españoles que no son ni residen en Cataluña, como muchos otros catalanes antiseparatistas, se preguntan, por no emplear un adjetivo más grueso, la forma de afrontar el gran peligro que representan las manipulaciones, declaraciones e intenciones de la Generalidad catalana, sobre el pretendido carácter de las próximas elecciones del 27-S, que tanto Mas como sus socios de ERC y los restantes componentes del grupo secesionista, han calificado sin el más mínimo recato de plebiscitarias.
Dado lo provocativo del planteamiento, el actual Gobierno, a través de su presidente, ha declarado lo que es legal e ilegal en función de la legislación vigente, advirtiendo que ante el menor quebrantamiento se obrará en consecuencia, sin explicar como, contra toda incitación que intente violar la unidad nacional, o la provocación de un movimiento para la abolición de la Monarquía. Para Rajoy este tipo de estrategias intimidatorias suelen quedarse en rumores intencionados que a nada conducen, pero que para otro amplio colectivo si tienen gran trascendencia y son tratados en algunas tertulias de las denominadas "de debate", intencionadamente o no, creando un ambiente enrarecido y de preocupación entre la sociedad española, de imprevisibles consecuencias.
Un Gobierno democrático debe respetar, mantener y defender la libertad de comunicación, pero otra cosa muy distinta es que se esté permanentemente amedrentando a los ciudadanos con inadecuadas comparaciones como se están realizando por ejemplo, con la presunta vinculación y similitud entre el Gobierno Bolivariano y el español o situaciones económicas entre Grecia y España, etc.
Analizando las distintas formas de dirigir las citadas tertulias, existen ciertos responsables de las mismas, no es necesario citar nombres porque de sobra son conocidos, que confunden deliberadamente su función de control, respeto y coordinación de estos coloquios, proyectándose y apoyando aquellos comentarios que de alguna manera favorecen a un partido político en cuestión. En la misma línea, tampoco es de recibo la defensa a ultranza que realizan conocidos periodistas sobre una formación política concreta, otorgándole invariablemente la razón o lo acertado de su gestión en todos los ámbitos, con independencia del tema que se esté cuestionando.
Lo suyo sería que estos profesionales actuasen con un criterio más abierto e independiente, analizando las situaciones y decantándose en cada momento por aquello que consideren más justo y con total libertad; lo contrario podría dar lugar, presuntamente, a torpes interpretaciones, corruptelas y la llamada compra de voluntades que todos conocemos. Esas cerradas defensas, en todo caso, podrían ser ejercidas, como ya lo hacen, los miembros de los distintos partidos políticos que acuden a estos círculos de discusión que con gran acierto, no todos con la misma fortuna, están proliferando en nuestro país y con agrado por una mayoría de televidentes.
Atentamente.
José-Tomás Cruz Varela
D.N.I. 02470916A
domingo, 9 de agosto de 2015
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